Los supervivientes del genocidio de Ruanda de 1994 criticaron el martes la petición de los jueces de apelación de un tribunal de las Naciones Unidas de detener indefinidamente el juicio de un presunto financiador y defensor de la masacre debido a su mal estado de salud.
KIGALI, Ruanda (AP) – El fallo del lunes devuelve el asunto a la sala de primera instancia del tribunal con instrucciones de imponer la suspensión del proceso. Esto significa probablemente que Félicien Kabuga, de casi 90 años, nunca será procesado. Su juicio, que comenzó el año pasado en el Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales de La Haya, se interrumpió en junio porque su demencia le impedía participar en el proceso.
Los jueces de apelación del tribunal también rechazaron una propuesta de establecer un procedimiento alternativo que hubiera permitido escuchar las pruebas pero sin posibilidad de veredicto.
El fiscal jefe del tribunal de la ONU, Serge Brammertz, dijo que el fallo «debe respetarse, aunque el resultado sea insatisfactorio».
Kabuga, que fue detenido en Francia en 2020 tras años prófugo de la justicia, está acusado de alentar y financiar la matanza masiva de la minoría tutsi de Ruanda. Su juicio se produce casi tres décadas después de la masacre de 100 días que dejó 800.000 muertos.
Kabuga se ha declarado inocente de los cargos de genocidio y persecución. Permanece bajo custodia en una unidad de detención de la ONU en La Haya, pero podría quedar en libertad como consecuencia de la sentencia del lunes.
«Creo que el mundo no tiene buenas intenciones para nosotros. Lo que nos importaba a los supervivientes tras la detención de Kabuga era al menos que se hiciera justicia», declaró Francine Uwamariya, superviviente del genocidio, que afirma haber perdido a toda su familia a manos de los secuaces de Kabuga.
«Mire, el juicio debería haber continuado incluso sin Kabuga. Él fue quien planeó y financió el genocidio. El tribunal parece estar del lado del asesino, cuando debería ser neutral», afirmó Uwamariya.
La opinión de Uwamariya fue compartida por Naphatal Ahishakiye, otro superviviente del genocidio y secretario ejecutivo de Ibuka, una organización de supervivientes de Ruanda, quien afirmó que había pruebas suficientes para condenar a Kabuga.
«Es extremadamente inquietante por parte de los supervivientes, que verán a Kabuga en libertad. Los agraviados deben sentir justicia», afirmó Ahishakiye.
Ibuka ha presentado una demanda contra Kabuga en Kigali, solicitando permiso judicial para vender todas las propiedades de Kabuga con el fin de financiar reparaciones y ayudar a los supervivientes.
Brammertz expresó su solidaridad con las víctimas y los supervivientes del genocidio.
«Han mantenido su fe en el proceso de justicia durante las últimas tres décadas. Sé que este resultado será angustioso y descorazonador para ellos», afirmó. «Habiendo visitado Ruanda recientemente, escuché muy claramente lo importante que era que este juicio concluyera».
Brammertz afirmó que su equipo de fiscales seguiría ayudando a Ruanda y a otros países a exigir responsabilidades por crímenes de genocidio y señaló la detención en mayo de otro fugitivo, Fulgence Kayishema, como ejemplo de que los sospechosos aún pueden enfrentarse a la justicia.
Kayishema fue acusado por un tribunal de la ONU de organizar presuntamente la matanza de más de 2.000 refugiados de etnia tutsi -hombres, mujeres y niños- en una iglesia católica el 15 de abril de 1994, durante los primeros días del genocidio. Se espera que sea juzgado en Ruanda.
Brammertz dijo que su oficina aumentará significativamente la asistencia al Fiscal General de Ruanda, «incluso mediante la aportación de nuestras pruebas y experiencia desarrollada, para garantizar que más fugitivos del genocidio sean juzgados por sus presuntos crímenes.»
Mike Corder, redactor de Associated Press en La Haya, Países Bajos, contribuyó a este artículo.
