El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se presentó el lunes como candidato a la reelección para los comicios del próximo año, anunció su partido, pese a las objeciones de juristas y opositores que sostienen que la Constitución del país prohíbe su postulación.
SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – El partido Nuevas Ideas de Bukele anunció su inscripción y la del vicepresidente Félix Ulloa a través de Twitter el lunes.
«Nuevas Ideas es invencible», escribió el partido.
Bukele es popular en El Salvador, pero considerado controvertido internacionalmente. En septiembre anunció su intención de presentarse a un segundo mandato de cinco años. Esto se produjo después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, elegida a dedo por sus partidarios en el Congreso, dictaminara en 2021 que su candidatura a la reelección estaba permitida y ordenara al tribunal electoral que la autorizara.
Los abogados constitucionalistas, sin embargo, han sostenido que la candidatura de Bukele violaría al menos cuatro artículos de la Constitución, entre ellos el 154, que establece: «El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más».
El abogado Eduardo Escobar, del grupo cívico Acción Ciudadana, afirmó que «Bukele no tiene derecho a la reelección. Si lo hace, va contra la Constitución».
Rubén Zamora, del grupo opositor Resistencia Ciudadana, dijo que «el partido del presidente le está dando golpecitos para que se presente de nuevo, aunque la Constitución dice que eso está prohibido.»
Aunque la prohibición constitucional de la reelección fue en su día común en América Latina -donde algunos países tienen un historial de caudillos que se perpetúan en el poder-, esos límites a los mandatos han sido eliminados, anulados o ignorados en varios casos, como Honduras, Nicaragua, Venezuela y Bolivia.
Bukele, que mantiene unos índices de aprobación superiores al 80%, ha dirigido una ofensiva contra las poderosas bandas callejeras del país que ha llevado a la cárcel a más de 60.000 personas sospechosas de tener vínculos con ellas.
A pesar de suspender algunos derechos fundamentales durante más de un año, las medidas han sido ampliamente populares. Las comunidades que vivían bajo la extorsión y la violencia constantes de las bandas están volviendo a la vida.
