La actual política migratoria tuvo avances y devastadoras consecuencias para cientos de familias.
Cuando se pensaba que el Gobierno del presidente Donald Trump había sido demasiado agresivo contra los inmigrantes, la política de “cero tolerancia” derribó esa teoría y horrorizó al país con la separación de bebés y niños de sus padres.
El momento en que infantes fueron separados de sus progenitores en la frontera fue captado en fotografías de John Moore, pero fue una en particular la que desató indignación nacional, incluso sorprendió a la primera dama Melania Trump y a la hija del mandatario, Ivanka Trump. Las exprimeras damas Laura Bush y Michelle Obama rechazaron la política. Era imposible no indignarse con la escena de una pequeña llorando desconsolada mientras su madre era revisada por un oficial de la Patrulla Fronteriza.
“Necesitamos ser un país que respeta las leyes, pero también un país que gobierna con corazón”, publicó Bush en Twitter, un mensaje retuiteado por Obama.
Más de 3,000 niños fueron separados de sus familias por esa política de “cero tolerancia”, impulsada en conjunto por los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). La principal batalla se dio en los tribunales, luego de que una demanda de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) prosperara al grado que Dana Sabraw, el juez del Distrito de los EEUU en California, ordenara a la Administración Trump reunir a los menores con sus familiares, incluso con aquellos que fueron deportados.
A más de seis meses de esa crisis, todavía quedan cientos de infantes en custodia, debido al temor de familiares en EEUU de patrocinar su estancia en el país, ya que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 170 personas que buscaron cuidar a los pequeños.
La Administración Trump tiene en custodia a 14,300 bebés, niños y adolescentes inmigrantes en custodia, según últimos reportes de Associated Press. Al menos 5,400 fueron capturados este año. Más de 1,000 duermen en carpas y 9,800 en espacios que están al tope, según la agencia, que obtuvo un informe en exclusiva.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, intentó de todos los modos posibles defender esa política. No pudo. Fue el propio presidente Trump quien firmó una orden para terminar con una orden que él mismo había dado. Ninguna de sus agencias aplica programas no avalados desde la residencia oficial. La primera dama Melania vistió una chaqueta con la frase “A mí no me importa, ¿y a ti?” y partió a Texas para visitar a niños. Meses más tarde dijo que la frase tenía dedicatoria a los medios de comunicación, no al asunto migratorio.
El periodo electoral
Cuando la crisis migratoria con los niños bajaba la presión hacia la Casa Blanca, el proceso electoral intermedio estaba tomando fuerza, así que el presidente Trump decidió apoyar a candidatos republicanos, sobre todo aquellos cercanos a su discurso migratorio.
En el discurso del mandatario el muro fronterizo, los indocumentados y el crimen organizado encontraron un punto en común que el republicano defendió en sus mítines.
“Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Ellos son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas”, expresó en Minnesota a finales de junio. Todos sus discursos fueron similares.
El temor de los republicanos de perder el Congreso y que los demócratas iniciaran investigaciones contra el presidente Trump hizo redoblar el paso, pero parecía insuficiente. Nuevamente el tema migratorio ayudó. La organización de caravanas desde Centroamérica dieron combustible al discurso. Era imposible obviar el temor de que miles de inmigrantes –alrededor de 7,000–, la mayoría de Honduras, llegaran a EEUU, luego de enfrentar a la Policía mexicana en la frontera con Guatemala. Los demócratas se quedaron callados. El presidente Trump aprovechó para promover su plan y acercarse al nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
“Me gusta México, me gusta el nuevo líder, creo que va a ser extraordinario… un poco diferente a nosotros”, expresó en Virginia Occidental. “Creo que estoy haciéndolo mejor con él que con el capitalista”, dijo, en referencia de Enrique Peña Nieto. Ahora hay un plan migratorio en ciernes, impulsado por México y EEUU.
Sobre el proceso electoral, los esfuerzos del mandataro fueron insuficientes, los demócratas controlarán la Cámara en 2019 y el presidente Trump reconoció su triunfo.
El atajo a la inmigración legal
Sin una reforma migratoria en el Congreso que le permitiera reducir la inmigración legal, a través de la Orden Ejectiva “Compra estadounidense, contrata a estadounidenses”, el DHS y sus distintas agencias diseñaron políticas que no requieren aprobación legislativa.
Son varios los ajustes, principalmente a visas de trabajo H-1B, H-2B y L-1, así como restricciones a estudiantes, que ahora enfrentarán deportación si deciden quedarse en EEUU, pero el cambio más drástico es la llamada “carga pública”, un término que existe en el INA, pero que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) llevará a un siguiente nivel, al negar beneficios migratorios, particularmente Residencia Legal o “green card” a quien “abuse de ayudas públicas”.
“Desde el siglo XIX, las leyes federales han exigido que los ciudadanos extranjeros puedan cuidarse a sí mismos sin ser una carga pública”, precisó Francis Cissna, director de esa agencia. “Corresponde al gobierno de los EEUU evaluar las solicitudes de manera compatible con la ley federal, y creo que la regulación de la carga es un paso necesario para lograr ese objetivo”.
Los estudios proyectan que miles de personas serán afectadas, pero aunque la nueva política está en revisión y será en enero cuando entre en vigor, ya tuvo impactos negativos, debido que las aplicaciones de ayuda de alimentación y segurp médico para niños ha bajado. En EEUU hay 6.8 millones de niños hijos de inmigrantes que podrían ser afectados.
En 2017 casi 7.5 millones de inmigrantes reportaron que recibieron algún tipo de ayuda monetaria o en especie, ya sea para ellos o para sus hijos no-ciudadanos, por lo que podrían ser afectados con la regla, según un análisis de Nueva Economía Americana, que revisó por sectores, siendo las industria de comercio, transporte y servicios públicos donde hay 700,000 empleados, una de las más vulnerables.
