El gobierno de Myanmar, controlado por los militares, ha prorrogado el estado de emergencia que impuso cuando el ejército arrebató el poder a un gobierno elegido hace dos años y medio, según informaron el lunes los medios de comunicación estatales, lo que obliga a retrasar aún más las elecciones que prometió cuando asumió el poder.
BANGKOK (AP) – La televisión MRTV dijo que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se reunió el lunes en la capital, Naypyitaw, y prorrogó el estado de emergencia por otros seis meses a partir del martes porque se necesita tiempo para preparar las elecciones. El NDSC es nominalmente un órgano del gobierno constitucional, pero en la práctica está controlado por los militares.
El anuncio equivale a admitir que el ejército no ejerce suficiente control para organizar los comicios y que no ha logrado doblegar la oposición generalizada al gobierno militar, que incluye una resistencia armada cada vez más desafiante, así como protestas no violentas y desobediencia civil, a pesar de que el ejército tiene una enorme ventaja en efectivos y armas.
El estado de excepción se declaró cuando las tropas detuvieron a Aung San Suu Kyi y a altos cargos de su gobierno y a miembros de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, el 1 de febrero de 2021. La toma del poder revirtió años de avances hacia la democracia tras cinco décadas de gobierno militar.
Los militares dijeron que tomaron el poder debido al fraude en las últimas elecciones generales celebradas en noviembre de 2020, en las que el partido de Suu Kyi obtuvo una victoria aplastante, mientras que el partido Unión Solidaridad y Desarrollo, respaldado por los militares, obtuvo malos resultados. Los observadores electorales independientes afirmaron no haber encontrado irregularidades importantes.
La toma del poder por el ejército fue recibida con protestas pacíficas generalizadas que las fuerzas de seguridad reprimieron con fuerza letal, desencadenando una resistencia armada que los expertos de la ONU han descrito como una guerra civil.
Hasta el lunes, 3.857 personas habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde la toma del poder, según el recuento de la independiente Asociación de Ayuda a los Presos Políticos.
La Constitución de 2008, promulgada por el ejército, permite a los militares gobernar el país en estado de excepción durante un año, con dos posibles prórrogas de seis meses si aún no han concluido los preparativos para la celebración de nuevos comicios, lo que significa que el plazo expiró el 31 de enero de este año.
Sin embargo, la NDSC permitió al gobierno militar prorrogar el estado de emergencia otros seis meses en febrero, alegando que el país seguía en una situación anormal. La anunciada el lunes es la cuarta prórroga.
El estado de emergencia permite a los militares asumir todas las funciones del gobierno, otorgando al jefe del consejo militar gobernante, el general en jefe Min Aung Hlaing, poderes legislativos, judiciales y ejecutivos.
El informe del lunes no especificaba cuándo podrían celebrarse los comicios, limitándose a decir que tendrían lugar una vez cumplidos los objetivos del estado de excepción.
Según la Constitución, los militares deben transferir las funciones del gobierno al presidente, que encabeza la NDSC, seis meses antes de los comicios. Se trataría del presidente en funciones Myint Swe, un general retirado.
En un principio, los militares anunciaron que los nuevos comicios se celebrarían un año después de su toma de poder, y más tarde dijeron que tendrían lugar en agosto de 2023. Sin embargo, la prórroga de la situación de emergencia en febrero hizo imposible esa fecha.
Según el reportaje de MRTV, Myint Swe dijo a los miembros de la NDSC que el gobierno aún tiene que hacer más para lograr la estabilidad y el Estado de derecho para preparar las elecciones.
Los críticos afirman que los comicios no serán ni libres ni justos bajo el gobierno controlado por los militares, que ha cerrado los medios de comunicación independientes y ha detenido a la mayoría de los líderes del partido de Suu Kyi.
El partido de Suu Kyi fue disuelto en marzo por la comisión electoral, junto con otros 39 partidos, por no volver a solicitar la inscripción en virtud de una ley de registro de partidos políticos promulgada por el gobierno militar a principios de este año. La ley dificulta que los grupos de la oposición puedan presentar un desafío serio a los candidatos respaldados por el ejército.
Suu Kyi, de 78 años, cumple penas de prisión por un total de 33 años, tras haber sido condenada en una serie de casos políticamente contaminados, en su mayoría iniciados por el gobierno militar.
