Las imprecisiones en la Ley SB 1718 contra inmigrantes indocumentados en Florida podría permitir que una aplicación «indiscriminada» de la norma, señalan expertos en derechos civiles, quienes indican que no hay claridad si hay un impacto a gente con TPS o DACA
La Ley SB 1718 contra inmigrantes indocumentados entró en vigor el 1 de julio, pero hasta ahora las autoridades de Florida no han especificado cómo aplicarán dicha norma que ya ha desatado temor entre quienes no tienen papeles de estancia en Estados Unidos.
Hay también dudas, por ejemplo, de cómo se define un “inmigrante indocumentado” y si las personas con DACA o Estatus de Protección Temporal (TPS) serán afectadas, ya que sus autorizaciones de empleo fueron otorgadas al tener una protección a la deportación, pero eso no cambia su estatus migratorio.
“Hay matices en cuanto a quién se aplica SB 1718”, dice el Florida Policy Institute (FPI). “Los líderes estatales dijeron que esta legislación está destinada a los inmigrantes que están aquí ‘ilegalmente’ […]. Específicamente, la SB 1718 se enfoca en una persona que ha ingresado a los Estados Unidos violando la ley y no ha sido inspeccionada por el Gobierno Federal desde su ingreso ilegal’”.
El FPI señala que la “violación de la ley” es un término vago en la ley firmada en mayo por el gobernador Ron DeSantis, pero ya enfrenta una primera demanda.
“Hay muchas formas en que un floridano podría violar la ley de inmigración principal de los EE.UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), suponiendo que esa sea la ‘ley’ a la que se refiere SB 1718”, indica. “Pero debido a que SB 1718 menciona un enfoque sobre si alguien fue inspeccionado o no, no está claro cómo se aplicará esta ley”.
En ese sentido, hay miles de personas que ingresaron como indocumentadas a EE.UU., pero ahora tienen alguna protección, debido a diversas disposiciones, como ser beneficiarios de la Ley de Violencia contra la Mujer o de las visas U y T por ser víctimas de delitos, incluso están los niños con estatus especial de inmigrante juvenil, la gente con DACA y TPS.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también advierte sobre la falta de definición de “indocumentado” en la ley.
“Esta nueva ley no define adecuadamente lo que significa ser indocumentado. Esta falta de claridad es uno de los mayores problemas de la ley. No define claramente a quién se dirige la ley y, por lo tanto, abre la puerta a la aplicación excesiva y al perfilado racial”, advierte.
Castigo a ‘dreamers’
La SB 1718, sin embargo, sí tiene clara una prohibición para los ‘dreamers’, particularmente aquellos que estudian para hacer abogados, ya que a partir del 1 de noviembre del 2028, la gente con DACA que busque ejercer la abogacía no tendrá derecho a la licencia correspondiente.
“La ley deroga el estatuto de Florida (454.021(3)) que permite que el Colegio de Abogados de Florida certifique a ciertos no ciudadanos, incluidos los beneficiarios de DACA”, advierte ACLU.
La organización sobre derechos civile señala que esta parte de ley entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2028, por lo que actuales estudiantes en derecho no deberían verse afectados.
“Aunque aquellas que se gradúen el 1 de noviembre de 2028 o después probablemente no podrán obtener una licencia para ejercer la abogacía en el estado de Florida”, añade ACLU.
