China condenó el lunes a cadena perpetua a un ciudadano estadounidense de 78 años acusado de espionaje, en un caso que podría agravar el deterioro de los lazos entre Pekín y Washington en los últimos años.
BEIJING (AP) – Los detalles de los cargos contra John Shing-Wan Leung, que también tiene residencia permanente en Hong Kong, no se han hecho públicos.
Leung fue detenido el 15 de abril de 2021 por la oficina local de la agencia de contrainteligencia china en la ciudad suroriental de Suzhou, según un comunicado publicado por el tribunal intermedio de la ciudad en su página de redes sociales. Su detención se produjo después de que China cerrara sus fronteras e impusiera fuertes restricciones a los viajes internos y controles sociales para luchar contra la propagación del COVID-19.
Este tipo de investigaciones y juicios se celebran a puerta cerrada y, por lo general, apenas se divulga información, salvo vagas acusaciones de infiltración, obtención de secretos y amenaza a la seguridad del Estado.
Las relaciones entre Washington y Pekín se encuentran en su punto más bajo en décadas, en medio de disputas sobre comercio, tecnología, derechos humanos y el enfoque cada vez más agresivo de China hacia sus reivindicaciones territoriales sobre el autogobierno de Taiwán y el Mar de China Meridional. Se han suspendido las visitas gubernamentales de alto nivel y las empresas estadounidenses están retrasando importantes inversiones debido a los mensajes contradictorios de Pekín.
La sentencia se produce cuando el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja a Hiroshima (Japón) para asistir a la cumbre del Grupo de los Siete principales países industrializados, a la que seguirá una visita a Papúa Nueva Guinea, país insular del Pacífico en una región donde China ha intentado aumentar su influencia económica, militar y diplomática. Tras los avances de Pekín en la zona, Estados Unidos y sus socios de Asia-Pacífico intensificaron su presencia regional, ofreciendo inversiones y apoyo financiero que rivalizan con los proporcionados por China.
China, que ahora es la segunda economía del mundo, está ampliando su presencia en puertos, ferrocarriles y otras infraestructuras desde Europa hasta el sudeste asiático y más allá.
Aunque el tribunal de Suzhou no ofreció indicios de que existiera un vínculo con las relaciones generales entre China y Estados Unidos, las acusaciones de espionaje son muy selectivas y las pruebas que las respaldan no se hacen públicas. Se trata de una práctica habitual en la mayoría de los países, que desean asegurar sus conexiones personales, sus redes y su acceso a la información.
Sin embargo, el sistema político autoritario de China y el control absoluto del Partido Comunista en el poder sobre los asuntos jurídicos, la sociedad civil y la libertad de información impiden que se solicite más información, así como que se interpongan recursos ante los tribunales.
La embajada de Estados Unidos en Pekín dijo que estaba al tanto del caso, pero que no podía hacer más comentarios por motivos de privacidad. «El Departamento de Estado no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero», declaró la embajada en un comunicado enviado por correo electrónico.
El gobierno de Hong Kong, antigua colonia británica que volvió al control chino en 1997, no dio más información sobre la condena de Leung. Preguntado por el caso el lunes, el Secretario de Seguridad, Chris Tang, dijo que las autoridades chinas habían informado de la detención a la ciudad a través de un mecanismo de notificación en 2021. Tang no ofreció más detalles sobre el caso.
Cuando fue devuelta a China, se prometió que Hong Kong conservaría sus libertades financieras, sociales y políticas, pero Pekín ha echado por tierra ese compromiso desde que reprimió a los manifestantes prodemocráticos e impuso una amplia ley de seguridad nacional en 2020.
Las agencias de seguridad nacional chinas también han allanado las oficinas de consultoras empresariales extranjeras en Pekín y otras ciudades como parte de una ofensiva contra las empresas extranjeras que proporcionan datos económicos sensibles.
Las empresas extranjeras que operan en China están sometidas a una presión cada vez mayor a medida que el gobierno de Xi Jinping refuerza el control sobre la economía. Ello contrasta con los esfuerzos por atraer de nuevo a los inversores extranjeros tras el levantamiento a principios de año de las draconianas restricciones impuestas por la pandemia COVID-19.
Las largas detenciones preventivas no son inusuales en China y los fiscales tienen amplios poderes para retener a personas acusadas en casos de seguridad nacional, independientemente de su estatus de ciudadanía.
Dos chino-australianos, Cheng Lei, que trabajaba para la radiotelevisión estatal china, y el escritor Yang Jun, llevan detenidos desde 2020 y 2019, respectivamente, sin que se sepa nada de su condena.
Las sospechas del Gobierno se centran especialmente en los ciudadanos extranjeros nacidos en China y en personas de Taiwán y Hong Kong, sobre todo si tienen contactos políticos o trabajan en el mundo académico o editorial.
Bajo el mandato de Xi, el partido ha lanzado múltiples campañas contra lo que denomina esfuerzos extranjeros para sabotear su gobierno, sin mostrar pruebas. Se ha ordenado a las universidades que censuren los debates sobre derechos humanos, historia moderna de China e ideas que puedan suscitar dudas sobre el control total del Partido Comunista.
El gobierno de Xi también ha adoptado una línea dura en las relaciones exteriores, la última vez ordenando la salida de un diplomático canadiense en represalia por la expulsión de Ottawa de un empleado de la embajada china acusado de amenazar a un miembro del parlamento canadiense y a los miembros de su familia que viven en Hong Kong.
Esto encaja con la postura de confrontación global de Xi, que ha visto a China asociarse con Rusia para acusar a Occidente de provocar la invasión de Ucrania por parte de Moscú y de tratar de derrocar el dominio liberal de los asuntos mundiales liderado por Estados Unidos.
