Un número cada vez mayor de estados liderados por gobernadores demócratas están almacenando dosis de fármacos utilizados en abortos con medicamentos, en medio de temores de que un fallo judicial pueda restringir el acceso al método de aborto más utilizado en Estados Unidos.
(AP) – Massachusetts ha adquirido suficientes dosis del fármaco mifepristona -uno de los dos que se utilizan combinados para interrumpir el embarazo- para más de un año, según informó el lunes la gobernadora demócrata Maura Healey. California ha asegurado una reserva de emergencia de hasta 2 millones de pastillas de misoprostol, el otro fármaco utilizado en la medicación abortiva, anunció el gobernador Newsom, también demócrata.
Y en el estado de Washington, el gobernador demócrata Jay Inslee anunció la semana pasada que el estado adquirió 30.000 dosis de la versión genérica de la mifepristona, lo que, según dijo, es suficiente para que los residentes del estado tengan para tres años. El envío llegó a finales de marzo.
«El aborto sigue siendo legal y accesible aquí, en California, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se arrebatan libertades fundamentales», declaró Newsom el viernes.
Las acciones se producen mientras el juez de distrito de Estados Unidos Matthew Kacsmaryk, designado por Trump en Amarillo, Texas, anuló el viernes décadas de aprobación científica y dejó en suspenso la aprobación federal de la mifepristona.
El juez suspendió su fallo durante una semana para que las autoridades federales pudieran presentar una impugnación.
El gobierno de Biden criticó la sentencia y el lunes apeló la decisión, afirmando que frustraría el criterio científico de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y «perjudicaría gravemente a las mujeres, en particular a aquellas para las que la mifepristona es una necesidad médica o práctica».
Para aumentar la confusión, el juez de distrito Thomas O. Rice, nombrado por Obama, emitió el viernes un segundo dictamen en el que ordenaba a las autoridades estadounidenses que no introdujeran cambios que pudieran restringir el acceso al fármaco en al menos 17 estados en los que los demócratas presentaron demandas para proteger su disponibilidad.
Healey dijo que la sentencia Kacsmaryk amenaza el acceso al medicamento incluso en estados que apoyan el derecho al aborto como Massachusetts.
«Perjudica a los pacientes, socava la experiencia médica y quita libertad.
Es un intento de castigar, avergonzar y marginar a las mujeres. Es innecesario», dijo Healey, rodeada de otros legisladores demócratas, como la senadora Elizabeth Warren, en la escalinata de la Cámara de Representantes de Massachusetts.
Newsom afirmó que la sentencia de Kacsmaryk «ignora los hechos, la ciencia y la ley», y pone en peligro la salud de millones de mujeres y niñas.
Inslee dijo que es importante que los estados tomen medidas para garantizar el acceso al medicamento.
«Después de anunciar nuestras acciones la semana pasada para proteger el acceso a la mifepristona, es alentador ver que otros estados hacen lo mismo», escribió Inslee en Twitter el lunes. «Para ser claros: no importa el resultado del caso de TX, las leyes de WA aseguran que podremos vender y distribuir este medicamento».
Aunque todavía no hay planes en Connecticut para almacenar mifepristona, el fiscal general William Tong dijo el lunes que se ha puesto en contacto con las principales cadenas de farmacias para recordarles que el medicamento es legal y que no deben dejarse influir por la presión de los fiscales generales republicanos de otros estados.
«(Estoy) obviamente profundamente decepcionado de que mis colegas hayan tomado esa medida», dijo. «Nos oponemos a ello. Estamos en comunicación con todas las grandes cadenas de farmacias, advirtiéndoles de sus derechos y obligaciones aquí en Connecticut.»
También el viernes, Healey firmó una orden ejecutiva que amplía una ley de 2022 destinada a construir un cortafuegos legal en torno a los servicios de aborto, protegiendo a los proveedores de atención sanitaria, pacientes y farmacéuticos de investigaciones fuera del estado sobre abortos con medicamentos. La ley se firmó tras la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. que anuló el caso Roe contra Wade.
