La Corte Suprema desestimó una apelación presentada por un grupo de estados republicanos que buscaban la reinstauración de la regla de carga pública impulsada por el expresidente Donald Trump, la cual castigaba a los inmigrantes más pobres
En una opinión de una página, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió un acuerdo junto con los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, para explicar sus votos que desestiman la petición de los republicanos.
La decisión de este miércoles cierra el paso a una batalla en tribunales, luego de que el Gobierno del presidente Joe Biden decidiera cancelar la regla de carga pública del expresidente Trump, la cual complicaba seriamente las peticiones de ‘green card’, para quienes piden ayudas sociales, como cupones de alimentos y seguro médico.
El Máximo Tribunal no responde a la pregunta sobre si la regla es “legal o no”, sino que rechaza el reclamo de un grupo de 13 fiscales generales estatales republicanos, encabezado por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, para defender la aplicación de un programa federal.
Los jueces escucharon argumentos en febrero pasado sobre si los estados tenían derecho a defender la legalidad de la regla, después de que la Administración Biden abandonara la política y se negara a argumentar a favor de ella.
La decisión de la Corte Suprema, sin embargo, deja claro que su decisión no limita posibles argumentos posteriores a la regla de carga pública.
El 24 de febrero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso de propuesta de reglamentación de carga pública, la cual se espera implementar en julio o agosto de este año. Esta guía reemplazaría a la de 1999.
El ajuste más importante es la decisión de la Administración Biden de enfocarse en el “castigo” a inmigrantes que soliciten dinero en efectivo al gobierno durante un largo periodo.
“El DHS propone no considerar los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indicó la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) al anunciar el nuevo plan.
El Gobierno federal debe mantener este programa de carga pública, debido a que lo marca la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
