La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó ayer la “suspensión de derechos” en El Salvador por la prórroga del estado de excepción en el país, y exigió al Gobierno de Nayib Bukele que mejore las condiciones “deplorables” en las que están los miles de detenidos.
Esa crítica se suma a la formulada por la organización Amnistía Internacional (AI) que solicitó el jueves al Estado de El Salvador poner fin al régimen de excepción que provoca detenciones masivas en el marco de una “guerra” contra pandillas, y advirtió que esa política viola derechos humanos y podría dar lugar a responsabilidad penal internacional.
En El Salvador se ha generado “una grave situación de violaciones a los derechos humanos”, resumió la directora regional para las Américas de AI, Erika Guevara.
Esa “grave situación” se refleja en las 1.123 denuncias de supuestos atropellos a derechos humanos bajo el régimen de excepción recibidas por cinco organizaciones humanitarias de El Salvador, según informaron sus representantes ayer en San Salvador.
Esas denuncias incluyen a 1.383 personas afectadas, la mayoría hombres jóvenes con edades de entre 18 y 30 años.
Otros atropellos denunciados son los allanamientos de vivienda sin orden administrativa o judicial, que representan el 35% de los casos atendidos por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El Congreso salvadoreño aprobó el régimen de excepción a finales de marzo y lo extendió hasta finales de junio para conferir poderes especiales al Gobierno de Bukele a fin de emprender su “guerra contra las pandillas” tras una escalada de homicidios.
La CIDH explicó que le “preocupan” las prórrogas del régimen de excepción y “las consecuentes restricciones a los derechos humanos”, ya que “la suspensión de garantías no constituye un medio para enfrentar la criminalidad común”.
Según datos oficiales citados por la CIDH, más de 36.000 personas habrían sido detenidas bajo el régimen de excepción, y al menos 21 habrían muerto mientras estaban privadas de libertad, de los que la mitad habrían muerto a golpes.
El presidente Nayib Bukele cumplió el martes tres años gobernando El Salvador, en momentos en que su Gobierno ha sido acusado de sostener un pacto con las pandillas, cuya ruptura habría desencadenado una escalada de asesinatos, y dudas por su apuesta por el bitcóin, que no se recupera tras una marcada caída en su valor.
En estos tres años, el mandatario salvadoreño ha recibido más críticas y señalamientos por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos por algunas decisiones y acciones polémicas.
No obstante, dichas críticas parecen no desgastar su imagen ante la mayoría de ciudadanos y acciones como implementar un régimen de excepción para combatir a las pandillas elevan la popularidad del mandatario, de acuerdo a diversas encuestas.
De acuerdo con un sondeo de la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) divulgado el miércoles, el 87% de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele.
