El caso está relacionado con la venta artificial de la propiedad intelectual de la aplicación de transporte en 2019.
La plataforma Uber habría usado unas 50 empresas ficticias neerlandesas para crear un paraíso fiscal y así evadir impuestos sobre más de 5.800 millones de dólares de ingresos, reporta DutchNews.nl, que cita un reciente informe del Centro para la Responsabilidad e Investigación Internacional del Impuesto de Sociedades (Cictar, por sus siglas en inglés), una ONG australiana que se encarga de analizar las disposiciones fiscales de las multinacionales.
En el marco de su investigación, los especialistas establecieron que la aplicación de transporte tuvo más de 5.800 millones de dólares de ingresos operativos a nivel global en 2019, aunque Uber reportó entonces un total de 4.600 millones de dólares de pérdidas.
Una ‘venta’ artificial
Asimismo, los peritos arrojan luz sobre cómo la compañía habría creado su refugio fiscal, después de que en 2019 transfiriera los derechos de su propiedad intelectual de Bermudas a Países bajos. Según la ONG, la ‘venta’ habría sido financiada con un préstamo de 16.000 millones de dólares por parte de una subsidiaria de la compañía en Singapur que, a su vez, es la sociedad matriz de la empresa fachada de Países Bajos que controla Uber a nivel global.
Según el Cictar, este esquema, junto con los intereses devengados por el crédito singapurense, reducirán la renta imponible de Uber en los Países Bajos en 1.000 millones de dólares anuales durante los próximos 20 años. Ello se debe a que las ganancias de Uber, excluyendo las que se acumulan en EE.UU. y China, se acumulan en las filiales neerlandesas a las que pertenecen los derechos de propiedad intelectual de la entidad.
A la luz de sus hallazgos, los analistas del Cictar instaron al Ejecutivo neerlandés a investigar el caso, ya que —aseguran— tiene implicaciones integrales. «Dado que Uber ha inventado una ‘venta’ artificial de los derechos de su propiedad intelectual de Bermudas a los Países Bajos para crear este enorme paraíso fiscal mundial, el Gobierno de Países Bajos tiene la responsabilidad de investigar a fondo la legitimidad de esta serie de transacciones que tienen implicaciones globales», asevera el analista Jason Ward.
