Alicia Ayers, empleada municipal y líder sindical en Mount Vernon (NY), y su hija Andrea Ayers han sido acusadas de robar más de $1.5 millones de dólares destinados a ayudar a empresas en dificultades durante la pandemia.
Un tercer acusado, Traci Proctor, quien vive en Georgia, también fue arrestado el martes. En documentos judiciales, los fiscales dijeron que el trío envió 300 solicitudes de préstamos federales alegando desastre por daños económicos, pero eran empresas falsas.
El verano pasado, los acusados supuestamente afirmaron falsamente que algunas empresas tenían al menos 10 trabajadores, por lo que el gobierno federal envió alrededor de $1.7 millones de dólares a los dueños de esos negocios, quienes luego pagaron a los sospechosos. La denuncia del martes no menciona a ninguno de los presuntos cómplices.
Fuentes dijeron a News 12 que Ayers es una oficial de ordenanzas en Mount Vernon y directora de la rama sindical de CSEA (Civil Service Employees Association) en esa ciudad.
El subdirector del FBI, William Sweeney, denunció que “Mientras que las pequeñas empresas de todo el país clamaban por el apoyo económico que tanto necesitaban después del primer trimestre de la pandemia, los acusados hoy supuestamente vieron el Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (PPP) de la SBA como nada más que una oportunidad para obtener una ganancia rápida”.
En octubre se informó de una investigación federal y municipal sobre un plan de sobornos que involucraba préstamos federales y empleados de Mount Vernon. La ciudad descubrió que 17 trabajadores obtuvieron préstamos relacionados con COVID.
En ese momento, nadie fue despedido, en parte porque la ciudad dijo que no podía determinar si esos préstamos eran fraudulentos, y que ello dependería del gobierno federal.
Según News 12, los fiscales creen que un empleado de la ciudad es cabecilla de la operación. “La pregunta es cuántas otras personas podrían estar involucradas y qué consecuencias potenciales podrían enfrentar”.
El trío arrestado el martes fue acusaso de fraude electrónico y robo de identidad, y eso podría generar una cantidad significativa de tiempo en prisión si son condenados.
