El COVID-19 además de todos los “síntomas” devastadores para la clase trabajadora de la ciudad de Nueva York, trajo consigo el escenario perfecto para que toda una fuerza laboral desesperada, luego de meses con los bolsillos vacíos entraran en el aro de contratistas y patrones “abusadores”. Pero también en el círculo de una economía en donde pequeñas y medianas empresas tratan de mantener sus puertas abiertas.
A la medida que se han dado pasos a la reapertura del sector construcción, salones de uñas, restaurantes y otras actividades dominadas por mano de obra inmigrante, casi a la par, coaliciones que defienden los derechos de los trabajadores y líderes electos, siguen poniendo el foco en una escalada de robos, estafas y pagos salariales irrisorios
Con base a las denuncias, los jornaleros o trabajadores ocasionales, estarían sufriendo los mayores embates de esta tendencia, en un instante en donde además la Gran Manzana se encuentra en un abismo por el aumento de la tasa de infección del COVID-19, que amenaza con nuevos cierre de actividades no esenciales.
Entorno complicado
La historia del ecuatoriano Jefferson Mellerino, de 35 años, grafica y perfila lo que de manera expansiva podría estar sucediendo en ‘paradas’ en donde contratistas temporales reclutan a mano de obra para pequeños trabajos de construcción, demoliciones o mudanzas.
“A principios de agosto estaba en la parada de la avenida Roosevelt en Queens, un europeo estaba buscando a personas que pintaran un galpón en El Bronx. Fue un día intenso. No solo fue pintura, sino limpieza de unos escombros. Nos fuimos seis a entrarle a ese trabajo. Al final del día, el muy abusador nos pagó una miseria. Tuvo la excusa que no habíamos hecho bien el trabajo. Que éramos muy lentos”, narró el inmigrante que llegó a la ciudad a principios de 2020 y a los tres meses lo sorprendió la pandemia.
Algunas coaliciones avalan que existen estos riesgos. Jesenia Mata, directora de la organización La Colmena, explica que desde que arrancó el proceso de reapertura económica, se elevaron las demandas de trabajos de limpieza profunda para jornaleros, por ello se vieron obligados a reforzar sus alertas en un entorno económico muy “complicado”.
“Es importante que los trabajadores independientemente de su estatus migratorio, recuerden que aquí tienen derechos y que cualquier patrón abusador puede sufrir consecuencias y estar obligado a retribuir los salarios robados”, recordó la activista.
Entre tanto, voceros de la Alianza Ecuatoriana Internacional en Queens, una organización que ofrece soporte a trabajadores de la construcción, coinciden en que cuando se autorizó a este sector reiniciar operaciones en junio, los reportes de robos salariales no han tenido pausa en sus oficinas.
Uñas poco afiladas
La también ecuatoriana Claudia Guerra, de 45 años, ha trabajado por más de una década como manicurista en un salón en el Bajo Manhattan. Este es unos de los sectores en donde antes de la pandemia ya la Asociación de Trabajadores de Salones de Uñas de Nueva York había alertado que un 82% de su fuerza laboral reportaba robo de salarios. Ahora, a tres meses de la reapertura, el balance podría ser mucho peor.
“La dueña del local me llamó que si quería volver a trabajar, tenía que aceptar nuevas reglas”, contó la inmigrante.
Claudia, agobiada por las deudas y sin haber optado a ninguna ayuda federal, describe que hay semanas en donde ha ganado no más de $100. Revela que solo ha tenido ingresos para pagar el Subway y para comer, porque sus deudas de renta siguen intactas.
“Los clientes han bajado mucho y obviamente las propinas. La patrona dice que le va muy mal por la crisis. Y que está a punto de cerrar. Es como una presión diaria psicológica: toma lo poco que hay y confórmate”, aseguró quien además expone que de manera cotidiana tiene un riesgo muy alto a ser contagiada por el COVID-19.
En contraste, la dominicana Josefina Feliz, dueña de un salón en el Alto Manhattan, replica que es “un milagro” para los pequeños empresarios seguir adelante en medio de esta crisis pandémica.
“Hay que escuchar todas las voces. Es muy fácil acusar de explotadores a los emprendedores que estamos hasta el cuello de deudas. En muchos casos llegamos a un acuerdo para que todos ganemos. Somos negocios familiares pequeños, tratando de sobrevivir. No somos Amazon, ni Apple“, aseveró la isleña quien confiesa adeuda dos meses de renta en su local en la avenida Audubon de Washington Heights.
Trabajadores de restaurantes quieren más
Cuando la ciudad de Nueva York ha sido el eje de un capítulo oscuro por la crisis de salud pública y algunas industrias empiezan a ampliar la demanda de mano de obra, líderes comunitarios y organizaciones también se han movilizado para poner un muro a lo que califican como los riesgos latentes de la explotación laboral. Tal es el caso de la industria de los restaurantes.
Cuando esta semana se autorizó a los 27,000 restaurantes de los cinco condados reiniciar los servicios en el interior a un 25% de su capacidad, cientos de trabajadores de este sector en Nueva York respaldados por la coalición One Fair Wage (OFW) empezaron también a exigir más: un mínimo por hora de $15 dólares, más las propinas.
La mexicana Anette Alcalá, de 30 años, tiene seis años en diferentes posiciones en esta industria, y aspira regresar al sector en mejores condiciones ante los desafíos que impone la pandemia en este negocio.
“Quienes empezaron a trabajar han reportado una reducción de las propinas de un 75%. Y ahora nuestros compañeros que deben exponerse el doble al virus, pensamos es justo reciban un salario mínimo completo más las propinas para sobrevivir. Ahora, se devenga un promedio de $10.50 la hora”, asevera Anette.
La trabajadora insiste que se debe evitar a toda costa que surja una cultura en esta etapa, en donde en donde la gente se conforme en trabajar por cualquier “migaja”.
Los empleados de los restaurantes quedaron por fuera de las regulaciones que imponían un salario mínimo de $15 por hora en la Gran Manzana, bajo el argumento de que reciben generalmente “jugosas” propinas. En otros casos, el ingreso depende del número de empleados que tenga el establecimiento.
Saru Jayaraman, presidente de OFW, razonó que es el momento de que los gobiernos de las ciudades den un paso adelante y pongan fin a “salarios subhumanos” especialmente en ciudades como Nueva York.
“Impulsamos una legislación, junto con otras medidas para proteger esta industria y su fuerza laboral en un momento en que corren más riesgo que nadie en el interior de estos establecimientos”, explicó.
Luchan por permanecer abiertos
También sobre esta “mesa” existen precedentes claros. En los últimos cinco años, la industria de los restaurantes había reportado un margen de ganancias muy reducido, particularmente en los establecimientos más pequeños.
El director ejecutivo de la Alianza de la Hospitalidad en NYC, Andrew Rigie, informó que más del 80% de los comerciantes de este sector han tenido graves problemas para pagar la renta de sus locales en los últimos tres meses.
“Incluso antes de la pandemia, cuando operaban al 100% de ocupación, estas pequeñas empresas luchaban por permanecer abiertas. Ahora estamos viendo cierres generalizados, aproximadamente 150 mil trabajadores de la industria todavía están sin trabajo” reconoció Rigie.
Abuso contra la mano de obra barata
La senadora estatal Jessica Ramos, quien representa a Queens, asegura que siempre ha sido claro que la economía de Nueva York ha dependido de la mano de obra barata, por eso es que hay una clara tendencia de los grandes empresarios “a aprovecharse de los inmigrantes”, con especial agudeza en estos meses.
“Hay que diferenciar muy bien entre los pequeños y medianos empresarios de nuestros vecindarios que viven una etapa muy dramática, para seguir ofreciendo servicios a las comunidades, y las grandes corporaciones que incluyen constructoras de torres de lujo y cadenas de restaurantes”, detalló Ramos.
En palabras de la legisladora colombo-estadounidense, esta crisis de salud pública ha sido una excusa para alimentar un sistema en donde muchos se aprovechan de trabajadores desesperados que aceptan sueldos más bajos
“Por eso estamos apoyando legislaciones de justicia laboral, y en medio de esta crisis espantosa, especialmente para los trabajadores indocumentados urgimos en el Senado, entre otras medidas, una legislación que cargue impuestos a los billonarios neoyorquinos para crear una vía de alivio para quienes quedaron fuera de los programas de auxilio federal”, sostuvo Ramos.
Asimismo, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James alertó que el robo de sueldos y la explotación laboral “nunca serán aceptables bajo nuestras leyes”.
“Durante una pandemia aquellos que se aprovechan de los asalariados son particularmente atroces. Mi oficina siempre luchará por los derechos de los trabajadores y contra los malhechores que se aprovechan de la necesidad de gente honesta”, aseveró.
Datos de una crisis:
$2 millones por concepto de salarios robados ha tramitado y devuelto la Oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York a manos de 100 trabajadores durante los meses de la pandemia.
