Un juez federal en el norte de California bloqueó este martes el alza de tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que entraría en vigencia el próximo 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.
El juez federal Jeffrey S. White en Oakland, California, falló en favor de una demanda presentada el pasado 21 de agosto por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), con sede en San Francisco.
El pasado 31 de julio USCIS anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 30 % en sus tarifas, pero que en algunos casos llega a 535 %. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.
Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que pasará de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos, y que tenía en una contrarreloj a muchos migrantes para someter sus solicitudes antes del próximo viernes.
En su demanda, la coalición señaló que la nueva Regla de Tarifas viola la Ley de Procedimiento Administrativo y constituye una acción de agencia “arbitraria y caprichosa”.
La querella legal también argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad prioriza la unidad y diversidad familiar, sin embargo, “al hacer deliberadamente imposible el costo de asegurar los beneficios de inmigración esenciales para millones de familias inmigrantes, la política de la Administración Trump hace que la separación familiar sea inevitable y viola las leyes estatutarias y constitucionales”.
“Con la nueva regla de tarifas, la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el estado de derecho en la búsqueda de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, advirtió Melissa Rodgers, directora de programas de ILRC.
Además de los aumentos, la regla elimina la mayoría de las exenciones de pago para los inmigrantes de bajos ingresos que califican.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) justificó la regla en parte basándose en lo que afirma son los costos de procesar las solicitudes. Pero durante el período de notificación y comentarios, muchos criticaron al Gobierno por no explicar cómo calculó sus costos, entre otras críticas.
Rodgers subrayó que al no abordar las proyecciones de modelos de ingresos obviamente defectuosas de la regla, la Administración Trump no solo ha socavado su propio fundamento legal para finalizar la regla, sino que ha contradicho las declaraciones de los propios líderes de USCIS al Congreso sobre la situación financiera de la agencia.
La demanda de la coalición también señaló que ni Kevin McAleenan ni Chad Wolf, quien actualmente se desempeña como secretario interino del DHS, tenían autoridad válida para proponer o promulgar la Regla bajo la Ley Federal de Reforma de Vacantes (FVRA). Esto hace que la regla sea ilegal en virtud de la Ley de procedimiento administrativo.
El viernes 14 de agosto, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (OIG) emitió una decisión confirmando que los secretarios interinos Wolf y McAleenan fueron nombrados inválidamente para sus cargos.
La coalición argumenta que sus nombramientos inválidos anulan la regla de tarifas y quedan sin efecto.
