Dieciséis antiguos inmigrantes detenidos han demandado al sheriff del condado de Bristol, Thomas Hodgson, y a su personal en relación con el trato que recibieron durante un violento altercado dentro del Centro de Detención de Inmigrantes C. Carlos Carreiro hace dos años.
DARTMOUTH, Massachusetts (WPRI) – Una investigación llevada a cabo por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, determinó que Hodgson y los agentes penitenciarios hicieron un uso excesivo de la fuerza contra los detenidos, que se habían negado a someterse a la prueba del COVID-19.
La demanda también se presentó contra el superintendente de la Casa de Correcciones del condado de Bristol, Steven Souza, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Aduanas y el director del ICE de Nueva Inglaterra, Todd Lyons.
La demanda, de 82 páginas, afirma que, antes del altercado, los detenidos expresaron repetidamente su preocupación por las condiciones insalubres de la cárcel y la falta de protocolos de seguridad COVID-19.
Una enfermera llegó a decir a los detenidos que era «inevitable» que contrajeran el virus.
La situación llegó a un punto de ebullición cuando los funcionarios de prisiones dijeron a varios detenidos que se les realizaría una prueba de COVID-19 en el edificio principal del centro y se les pondría en cuarentena en aislamiento hasta que los resultados fueran negativos.
La denuncia afirma que los detenidos estaban asustados y que algunos «habían oído que las pruebas se utilizaban como pretexto para llevar a aislamiento a ciertos detenidos que hablaban en contra de las condiciones del centro».
Ninguno de los detenidos se resistió físicamente a ser sometido a las pruebas, aunque sí expresaron su preocupación por el hecho de ser llevados al edificio principal después de oír a los funcionarios de prisiones que los nuevos detenidos no eran sometidos a las pruebas antes de su llegada.
Más tarde, ese mismo día, según la denuncia, Hodgson dijo a los detenidos que «había terminado de jugar», según la denuncia.
» Van a someterse a la prueba y, si no lo hacen [voluntariamente], serán arrastrados», les dijo al parecer Hodgson a los detenidos.
Uno de los detenidos se apresuró a coger el teléfono y llamó a su abogado de inmigración, según la denuncia, ante lo cual Hodgson se enfadó y le arrebató el teléfono de la mano.
El abogado declaró haber escuchado a su cliente «gritar como si le doliera» y «sonidos de forcejeo» antes de que la línea se cortara.
Después, la denuncia detalla el altercado en su totalidad, durante el cual los funcionarios de prisiones rociaron con gas pimienta a los detenidos, les golpearon y les dispararon con balas de goma.
En la denuncia se afirma que al menos cuatro de los detenidos fueron atacados por perros en servicio activo a lo largo del calvario.
Uno de los detenidos empezó a «temblar y a llorar porque se sentía abrumado y como si estuviera viviendo una pesadilla» mientras dos agentes penitenciarios lo sujetaban y le pisaban el cuello.
Varios de los funcionarios de prisiones abusaron verbalmente de los detenidos durante toda la experiencia. En la denuncia se afirma que en múltiples ocasiones los agentes gritaron insultos despectivos y ofensivos a los detenidos, y en un momento dado un agente dijo «ustedes no pertenecen a este país».
Aunque los detenidos resultaron gravemente heridos por los agentes, ninguno de ellos recibió tratamiento médico después.
Según la denuncia, uno de los detenidos que tenía un trozo de cristal en el ojo tuvo que quitárselo él mismo en su celda.
La investigación de Healey sobre el incidente reveló que tanto la actuación de Hodgson como la de los funcionarios de prisiones fue «culminada y calculada», y que el uso de la fuerza fue «desproporcionado en relación con las necesidades de seguridad del momento».
Los detenidos afirman que Hodgson y su personal violaron sus derechos de la quinta y la octava enmienda, ya que se les negó el debido proceso y se les sometió a un castigo cruel e inusual. Piden una indemnización por daños y perjuicios.
En un comunicado, Hodgson calificó la demanda de «frívola» y dijo que «no tiene ningún mérito».
El recuerdo de Hodgson del incidente varía drásticamente del de los detenidos. Afirma que los detenidos incitaron un motín y que fue necesario el uso de la fuerza para recuperar el control.
«Estos delincuentes ilegales causaron daños por valor de 25.000 dólares en el centro y amenazaron la vida de los valientes funcionarios de prisiones y del personal», escribió.
«Esta operación fue según las normas, rápida y limpia, y no causó lesiones graves a ningún detenido».
Hodgson continuó diciendo que él fue la única persona que resultó herida a lo largo de la prueba.
«Todavía me duele la espalda y el cuello después de haber sido agredido por extranjeros ilegales criminales después de que uno de ellos incitara el motín con falsas reclamaciones de abuso», añadió.
Hodgson cree que la demanda también tiene una motivación política, ya que se presenta a la reelección este noviembre.
Una vez que la investigación federal sobre el incidente esté completa, Hodgson dijo que planea hacer públicas las imágenes de vigilancia de la prueba que le exoneran a él y a su personal.
