Prejuicios, deportaciones y hacinamiento: la vulnerabilidad de los migrantes por el coronavirus

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La expansión del covid-19 deterioró aún más las condiciones de las personas que huyen de sus países por motivos políticos, económicos o conflictos armados.

El coronavirus reforzó la crisis migratoria internacional a pesar de los llamados de Naciones Unidas. Aunque el organismo ya convocó a que migrantes y refugiados sean incluidos en los planes integrales de prevención y atención de la emergencia de salud, la respuesta ha sido el cierre total de fronteras, anuncios de deportaciones masivas y la falta de atención médica en centros de detención o campamentos.

En medio de la escalada de contagios a nivel internacional, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el líder de la Agencia de Refugiados, Filippo Grandi, advirtieron de manera conjunta sobre los riesgos específicos que padecen los migrantes en condiciones de irregularidad, así como los solicitantes de asilo.

Afirmaron que muchos de estos hombres, mujeres y niños se encuentran en lugares con servicios de salud sobrecargados o inaccesibles, pueden estar confinados en campamentos y asentamientos, o vivir en barrios marginales urbanos en donde el hacinamiento y el saneamiento con pocos recursos aumentan el riesgo de exposición a la pandemia.

En ese escenario, conminaron al apoyo internacional para ayudar a los países de acogida a intensificar los servicios a inmigrantes e incluirlos en los acuerdos nacionales de vigilancia, prevención y respuesta, ya que de lo contrario se pondrá en peligro la salud de todos y aumentará la hostilidad y el estigma contra cualquier persona considerada como extranjera.

«También es vital que cualquier ajuste de los controles fronterizos, restricciones de viaje o limitaciones a la libertad de movimiento no impidan que las personas que huyan de la guerra o la persecución y puedan acceder a la seguridad y la protección», señalaron. Subrayaron que el pánico y la discriminación nunca han resuelto una crisis.

En América Latina y EE.UU.

Pero la estigmatización se impone. En México, el exsecretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, aseguró que los migrantes centroamericanos «podrían» provocar un contagio masivo en su diario y masivo intento de atravesar la frontera mexicana con la intención de llegar a Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su parte, garantizó medidas para prevenir contagios masivos en las estaciones migratorias.

El diario The New York Times, por otra parte, reveló que el presidente Donald Trump planea deportar de inmediato a México a las personas indocumentadas, incluidas las solicitantes de asilo, sin que medien procesos legales. El pretexto es impedir que los trabajadores de los centros migratorios se expongan a un contagio, aunque en realidad ellos también podrían ser portadores y contagiar a los migrantes. Hasta ahora, las expulsiones no eran automáticas y se salvaguardaban derechos que ya no se cumplirán.

Frente a esta embestida, organismos de derechos humanos presionan por mecanismos de protección. La Unión Americana de Libertades Civiles de Washington, el Proyecto para los Derechos del Inmigrante del Noroeste y los Servicios Legales de Columbia enviaron una carta al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) para solicitarles la liberación de inmigrantes detenidos en una prisión en Washington y que, por el hacinamiento, son más vulnerables al contagio, en particular embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades previas.

La Red Jesuita con Migrantes, en tanto, apeló en un comunicado a actuar con solidaridad y evitar medidas que estigmaticen o culpen a la población migrante, desplazada o refugiada. Recordó, además, que la migración forzada conlleva realidades que suelen ser dejadas de lado para responsabilizar a quienes huyen de sus países o negarles servicios básicos indispensables, situación que puede agravarse por la pandemia.

Insistió en la urgencia de frenar las deportaciones y cualquier otra medida que ponga en riesgo a las personas migrantes ya que no se garantiza su resguardo sanitario. «Quienes viven en la clandestinidad se sienten más atemorizados de consultar en los centros de salud cercanos. A ello hay que sumar la desprotección de las personas deportadas, al ingresar al territorio del que son nacionales, lo que reduce la posibilidad de realizar un distanciamiento social correcto, según las medidas urgentes que nos han solicitado implementar en muchos de los países de América», explicó.

Con respecto a los inmigrantes detenidos en cárceles de Estados Unidos, consideró indispensable liberarlos y reforzar las condiciones de seguridad sanitaria en los centros de detención y estaciones migratorias o similares, además de proveer recursos de salud a los centros de migrantes, desplazados y refugiados.

Los llamados para atender y proteger a los migrantes no surten efecto. Los gobiernos de Honduras y de Guatemala, por ejemplo, suspendieron los vuelos de migrantes de esos países que suelen partir desde México después de ser expulsados de Estados Unidos, lo que implica que deben permanecer en centros de detención sin condiciones sanitarias adecuadas.