El fraude de la venta de los cupones de alimentos le cuesta al gobierno federal más de 750 millones de dólares cada año.
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Por Arelis Peña Brito
PROVIDENCE.- Aunque se sabe que la práctica es irregular, por lo que generalmente se hace a escondidas, para nadie es un secreto que muchos beneficiarios de cupones de alimentos negocian con la ayuda que reciben cada mes por ese concepto, y que se supone está destinada a costear sus gastos de alimentos.
Usuarios y comerciantes –muy comúnmente algunos dueños de bodegas- hacen transacciones con los “food stamps” en las que el beneficiario recibe una cantidad de dinero en efectivo y el propietario del negocio obtiene en ganancia un monto superior al entregado.
Tan grave es el problema, que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, responsable a nivel federal del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), estima que el fraude cuesta a los contribuyentes alrededor de 750 millones de dólares cada año, suma equivalente al 1% del costo del programa.
Ante esta realidad, el representante estatal Arthur J. Corvese ha presentado una legislación para combatir el fraude con esta asistencia alimentaria, proporcionada por el gobierno federal a través del estado para individuos y familias necesitadas.
La legislación 2013-H 5059 convierte en un delito grave la compra o venta, o el intento de comprar o vender, los beneficios de cupones de alimentos, y castiga a los autores con hasta cinco años de prisión.
"Hay un montón de gente buena que realmente necesita la ayuda que el programa de asistencia alimentaria proporciona. Esta legislación busca proteger el programa contra el fraude y preservar sus recursos para quienes los necesitan y los utilizarán como corresponde: para alimentar a su familia", dijo el representante Corvese, del Distrito 55 (North Providence).
El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP),
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