Manifestantes muestran pancartas en contra de la ley de Arizona frente al Tribunal Supremo.
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Washington - El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó ayer que solo el Gobierno federal tiene el poder para dictar leyes contra la inmigración ilegal y que Arizona fue demasiado lejos al promulgar la ley conocida como SB 1070. El más alto tribunal de EE UU dejó sin efecto la mayoría de sus disposiciones excepto quizá la parte más polémica, aquella que permite a la policía comprobar el estatus migratorio de quien considere necesario. “Papeles, por favor”, como popularmente se conoce la disposición, puede aun así ser objeto de demandas legales adicionales, argumentan los jueces.
Esta parte de la ley fue la que movilizó a los hispanos de Arizona, acosados por los agentes del sheriff Arpaio, conocido por sus declaraciones indisimuladamente racistas. Tras la sentencia del Supremo, la policía podrá seguir parando a alguien si “hay sospecha razonable de que está en EE UU de forma ilegal”, algo insólito en un país donde ni siquiera existe el carnet de identidad.
El dictamen es, no obstante, una victoria parcial para la Administración de Barack Obama al promulgar el Supremo que los Estados no pueden regular en materia de inmigración. El alto tribunal, con cinco votos a favor y tres en contra, derogó las siguientes cláusulas: que el Estado de Arizona —con casi 600 kilómetros de frontera con México— pueda considerar delito que los inmigrantes no porten consigo documentos que prueben su estatus (la policía podría así llevar a comisaría a un sospechoso para comprobar su situación migratoria); que pueda considerar un acto criminal solicitar un trabajo cuando no se tengan papeles; y que pretenda arrogarse la capacidad de detener a gente solo por la sospecha de que reside ilegalmente en el país.
“Arizona puede sentir una frustración razonable con los problemas que causa la inmigración
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